Los productores agropecuarios nucleados en Confederaciones Rurales Argentinas manifiestan en un comunicado y con justa razón su repudio a una nueva medida que ha tomado el gobierno nacional con respecto a la producción de bienes provenientes de ese sector, obligando a comercializarlos en los grandes supermercados.
Con claridad exponen las razones y argumentos que convierten a esa medida en estúpida, inconducente y gravosa, retomando el camino de exponer sobre los efectos nocivos de una equivocada política económica e inexistente política agropecuaria.
Ya a nadie escapa que este proceso, reiterado desde hace más de 60 años, solo nos ha traído y nos lleva al deterioro permanente de la calidad de vida con más pobreza, mas desigualdad, mas acumulación de riqueza en manos de cada vez menores sectores, en detrimento de la mayoría.
Pero sucede que aun advirtiéndolo, por desconocimiento o incomprensión, los ciudadanos no alcanzan a entender cuál es el camino que nos lleve al desarrollo, la generación de riquezas y su equitativa distribución para el bienestar de todos.
Y esto mismos productores consientes de las malas y deliberadas prácticas, siguen sin posicionarse sobre lo que debería hacerse. Tal vez ni ellos mismos estén convencidos de que solo la absoluta igualdad de oportunidades a la tenencia de tierras, en una total libertad para que cada uno produzca y comercie, garantiza la producción de bienes, en este caso alimentarios, con la observación por parte del Estado en la concepción del principio de subsidiariedad.
A continuación el último comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas.
Siguen mirando para otro lado
Confederaciones Rurales Argentinas considera lamentable que el Ministerio de Economía a través de la Secretaria de Comercio responda a la situación de quebranto económico de las economías regionales con la publicación de la Resolución 386/2015, la cual el Gobierno Nacional obliga a crear artificialmente un espacio para la venta de productos a través de la creación del Programa “acceso de productos regionales argentinos en las grandes superficies de venta (supermercados)”. Esta medida entorpece la normal comercialización al generar nuevos requisitos burocráticos y no resuelve los problemas que tienen las economías regionales.
La situación muestra que producto de la política económica llevada adelante por el Gobierno Nacional se ha generado una alta inflación, sostenido aumento de costos, presión fiscal récord, alto valor del financiamiento sumada a las restricciones a la comercialización y al abandono de la infraestructura. Hoy las economías regionales son inviables, desde la naranja y mandarina, pasando por la lana, el ajo, peras y manzanas, poroto, maíz, trigo, etc.
Esta política económica pone en riesgo la cadena de pagos y con ello el nivel de actividad económica y más de 1 millón de empleos en el interior del país. Pero también perjudica al consumidor que paga cada vez más caros los alimentos en relación a lo que le abonan al productor. Un ejemplo claro es la manzana, el productor recibe cerca de $1 el kilo y el consumidor paga 20 pesos, 13 veces más. Paradójicamente el Estado se lleva solo en concepto de impuestos de IVA más que el productor.
Quien tiene la facultad de “la puesta en marcha de políticas que promuevan estimula el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la generación de mano de obra en los lugares de origen de la producción, la expansión de alternativas productivas y comerciales y el desarrollo territorial equilibrado, sostenible y con inclusión social de las economías periféricas”, según versa en la normativa 386/2015 está ofreciendo “espejitos de colores” en vez de actuar y ofrecer herramientas acordes al momento de dificultad que se vive en las localidades productivas.
Este tipo de medidas “mágicas” de alterar el libre comercio en supuesta defensa de las pymes y los consumidores se repiten con la leche, el trigo, la carne, ahora con las economías regionales, terminan en conocidos fracasos. El Ministro de Economía sabe que las soluciones de fondo son reducir la presión impositiva, incrementar los reintegros, mejorar los precios relativos y reducir los costos de logística, pero prefiere no hacerse cargo de la realidad.